Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó proyecto de ley que busca transformar la industria azucarera paraguaya mediante la creación de un marco integral para el desarrollo sostenible del cultivo de caña de azúcar y sus derivados.
La iniciativa, denominada «Ley general para el desarrollo sostenible de la caña de azúcar y sus productos, coproductos y subproductos y derivados industriales», declara de interés público el fomento de esta agroindustria por su carácter estratégico para la seguridad alimentaria y la economía nacional.
Son proyectistas del documento los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), Joel Meza (ANR-Cordillera) y Edgar Chávez (ANR-Guairá).
En la exposición de motivos, los legisladores recuerdan que la caña de azúcar se cultiva en Paraguay desde la época colonial y que el país es, actualmente, el primer productor y exportador mundial de azúcar orgánica, con destino, principalmente, a Estados Unidos.
Sin embargo, advierten sobre la baja inversión tecnológica y el estancamiento de las técnicas de cultivo, que se mantienen sin cambios desde hace décadas.
«Hay una queja generalizada de que solo se realizaron acciones puntuales y ya no se recibió ninguna otra orientación ni insumo del MAG», señalan los proponentes, citando la falta de continuidad del Programa Nacional de Caña de Azúcar 2019-2023 y la ausencia de un enfoque integral de desarrollo que incluya aspectos sociales y comunitarios.
El proyecto propone la creación del Consejo Nacional de la Caña de Azúcar, que estará integrado por los ministros de Agricultura y Ganadería, y de Industria y Comercio, además de representantes de comités, asociaciones, cooperativas y del sector industrial. Este organismo tendrá como función principal coordinar acciones de vinculación, promoción, fomento, competitividad e innovación.
Entre las atribuciones del Consejo figuran elaborar el Programa Nacional de la Caña de Azúcar, llevar un registro de productores e industrias, crear un sistema de trazabilidad de productos, coordinar programas de financiamiento y servir como instancia de mediación en conflictos del sector.
Financiamiento y Fondo de Contingencias
Para garantizar la sostenibilidad del programa, el proyecto establece un esquema de financiamiento que incluye recursos del Presupuesto General del MAG, el 3% de recursos del SENAVE destinados a extensión agraria e investigación, el 3% de los aportes de PETROPAR al programa de biocombustibles, y el 1% de los royalties de gobernaciones y municipios en zonas de influencia cañera.
Una de las innovaciones más importantes es la creación de un Fondo de Contingencias destinado a cubrir pérdidas económicas de productores afectados por cambios climáticos, plagas, incendios o pandemias. Este fondo recibirá el 24% del presupuesto total del programa y será administrado por el Consejo Nacional.
Establece, igualmente, que del presupuesto total, el 60% se destinará a insumos técnicos como semillas de alta calidad, calcáreos y fertilizantes; el 5% a combustibles y mantenimiento; el 10% a gastos administrativos; el 1% a honorarios de especialistas; y el 24% restante al Fondo de Contingencias.
Los legisladores proyectistas argumentan que estas medidas son necesarias ante la falta de coordinación entre la producción de materia prima y otras políticas nacionales, y señalan que en muchas comunidades cañeras, las inversiones sociales de certificaciones como Fairtrade han servido como sustitutas de la inversión estatal.
El proyecto ahora deberá pasar por el proceso de estudio en las diferentes comisiones asesoras, antes de su trámite legal por la plenaria de Diputados.
Es importante señalar que un proyecto similar ya fue presentado en el mes de septiembre del 2022, y la presente sería una versión mejorada de la misma.
